Ciudad de México.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, y la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, impulsan una iniciativa para sancionar con uno a cinco años de prisión a quien comenta un delito en contra del personal del sector salud, y para agravar las penalidades por discriminación hacia médicos y enfermeras.
El documento subraya que se busca proporcionar seguridad al personal de este sector, dado que “arriesgan su salud, integridad e, incluso, su propia vida, por atender la emergencia sanitaria causada por la propagación del coronavirus”.
Las diputadas destacaron que la reforma es significativa, porque las condiciones generales de la contingencia sanitaria hacen posible que en contra del personal médico y de enfermería puedan cometerse desde delitos patrimoniales (robo en sus distintas modalidades) hasta aquellos que atenten contra su integridad y su vida (lesiones, amenazas, entre otros).
El fenómeno de discriminación se ha extendido a 22 entidades: encabezada por la Ciudad de México, con 22 quejas; Estado de México, 12; Nuevo León y Guanajuato con cuatro y, Jalisco y Puebla con tres. Mientras que Aguascalientes, Querétaro, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, registran dos. En tanto, Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Durango, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa, tienen una queja.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), ha hecho llamados a evitar actos de violencia y discriminación durante la emergencia sanitaria hacia personal médico y de enfermería. También ha solicitado a las autoridades de seguridad y justicia garantizar la seguridad e integridad de dicho personal, así como de las personas diagnosticadas con COVID-19.
Las legisladoras argumentaron que desde la Cámara de Diputados se ha instado a las autoridades competentes a implementar campañas de concientización a la población, con el objetivo de evitar la discriminación, el maltrato y la violencia hacia el personal del sector salud, porque dichos ataques se derivan de la desinformación y el temor de la población, mismo que podría ser colmado con la información pertinente.
